LA IMPOSIBLE EXTRADICION DE GONI

Por Hernán Maldonado

Desde hace 10 años escucho las promesas del gobierno de Bolivia sobre la “pronta extradición” del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para enjuiciarlo por la “masacre de octubre” del 2003, que culminó con su renuncia y su autoexilio en Estados Unidos.

Las promesas se acentuaron desde la llegada al poder del populista Evo Morales, quien tras las sombras, fue por lo menos el autor intelectual de los sangrientos desórdenes de aquel octubre que causaron la muerte de al menos 73 personas y centenares de heridos.

La primera solicitud fue negada por Estados Unidos el 2012, y desde entonces, con renovado impulso, el gobierno de Morales insiste en lograr la extradición para que Sánchez de Lozada sea juzgado, entre otros delitos, por genocidio.

En los últimos seis años, no menos de una docena de políticos sudamericanos, la mayoría militares, fueron devueltos a sus países tras ser juzgados en Estados Unidos y ser hallados culpables de crímenes contra los derechos humanos.

Este no es el caso de Sánchez de Lozada. En Estados Unidos nadie lo ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Todavía más, el ex presidente –a pocos meses de cumplir 84 años-- es altamente considerado en los círculos de poder de Washington y tiene amigos influyentes.

No es la primera vez que escribo sobre la imposibilidad de su extradición. A cualquier abogado con un mínimo de formación le bastaría demostrar que en un eventual juicio en Bolivia, Sánchez de Lozada no tendría ninguna posibilidad de juicio justo.

Ejemplos sobran y están a la mano con lo que le sucede a decenas de presos y perseguidos políticos o exiliados, caso Leopoldo Fernández ex gobernador de Pando, o el del ex presidente del Servicio Nacional de Caminos, José María Bakovic, que acaba de morir tras siete años de implacable persecución judicial.

Por esto es ridículo el “esfuerzo” turístico realizado por el Fiscal General de Bolivia, Ramiro Guerrero, quien viajó a Estados Unidos para “tramitar” la extradición. Lo único que hizo fue contratar a la firma de abogados Rabinowitz-Boudin, para gestionar el asunto a un costo inicial de $80.000.

Para traducir unas 23.000 páginas de documentos, también contrató al experto Jonathan Cavanah. Ignoro cuánto cuesta ahora, pero en los años 80 los traductores de documentos especializados percibían por palabra $0.09 centavos. Métanle pluma a las millones de palabras que hay que traducir.

No solo eso, los abogados de la firma contratada cobran entre 1.000 y 5.000 dólares por hora de audiencia judicial. ¿El fiscal tiene alguna idea de lo que eso significa?

Víctor Rabinowitz y Leonard B. Boudin fundaron en 1944 la oficina de abogados que tiene su sede principal en Nueva York. Ambos están muertos, y ahora una media docena de abogados son los que la manejan. La oficina se caracteriza por defender causas izquierdistas y desde siempre ha sido la preferida para la defensa de los intereses cubanos.

¿Fue la embajada cubana en La Paz la que llevó hasta allí al fiscal de Morales?

¿O es que Guerrero le está vendiendo pajaritos preñados al gobierno? Bolivia parece que ya se olvidó que algo por el estilo hizo el juez Alberto Costa Obregón cuando “turisteó” a Estados Unidos prometiendo el 2009 la extradición del “ministro de la cocaína, Luis Arce Gómez.

¡Ah! Y un pequeño detalle, Sánchez de Lozada tiene la ciudadanía estadounidense y el “imperio” muy difícil que entregue a un connacional. Sépanlo, pues.